ESTADO TEATRAL, EL CONFLICTO DE VALORES DE LOS GOBIERNOS

21.01.2016 20:09

/Por Andrés Núñez Leites/


Enrique Viana insiste con la noción de "Estado teatral" para referirse a una puesta en escena gubernamental que consiste en simular la preocupación y la acción encaminadas a la solución de un determinado problema social, en este caso, el cuidado del medio ambiente, de manera que el público crea que se está haciendo algo más o menos efectivo para solucionar el problema, pero en realidad se está conservando el statu quo. Esto es transparente si pensamos, por ejemplo, en las medidas que anunció, a toda pompa, el Poder Ejecutivo en relación al cuidado de la cuenca del Río Santa Lucía: las mismas, a pesar de la ceremonialidad de su presentación, apuntaban solamente a los contaminadores puntuales (por ejemplo, efluentes de las industrias) y no a los difusos (por ejemplo, las fumigaciones con agrotóxicos en las plantaciones), a pesar que estos últimos son los reponsables del 80% de la contaminación, según el profesor Panario. Otro ejemplo está dado por lo que suelo denominar "mala educación ambiental", tan extendida tanto en la educación formal como en las intervenciones comunitarias e institucionales de las ONG ecologistas: las campañas de responsabilización de los consumidores, para que opten por productos "más amigables con el medio ambiente" e incorporen otras prácticas tales como la clasificación domiciliaria de residuos sólidos. La medida es buena, pero insuficiente, y oculta a otros dos grandes actores de la contaminación: las empresas y el propio Estado, a la vez que culpabiliza a los consumidores y los inmoviliza ante la frustración por no poder evitar continuar con pautas de consumo "no sustentables", en la medida que las mismas son impuestas por el aparato markético de las empresas a través de los medios de comunicación.


En otro orden de asuntos, referido a los accidentes de tránsito, el mismo gobierno anuncia severas medidas contra los conductores que transiten luego de haber ingerido alcohol. A primera vista la medida parece racional, ya que el alcohol disminuye severamente la capacidad de los conductores de vehículos para un adecuado manejo de los mismos, propiciando la ocurrencia de accidentes. Sin embargo, bien señala Rafael Bayce que se trata de una medida cosmética: en realidad las estadísticas muestran que la presencia de alcohol en sangre en los conductores accidentados es mínima, marginal, y que por lo tanto, de ningún modo puede tratarse a este fenómeno como una causa central de los accidentes de tránsito y la prohibición anunciada no traerá mejoras en las cifras de accidentes. De modo análogo a los ejemplos que mencioné en el párrafo anterior, referidos a problemas ecológicos, aquí se oculta algo: el poder de la industria automotriz -que produce vehículos cuya capacidad de destrucción es enorme-, el poder de los comerciantes que fomentan el consumo de esos vehículos, el exceso numérico del "parque automotor" en relación con la capacidad de nuestras ciudades para alojarlos, el hecho que las ciudades estén organizadas para la supremacía clasista asociada a la prioridad de la circulación de vehículos motorizados, en lugar de los peatones y los ciclistas. Ni que hablar que los accidentes de tránsito (junto a los suicidios, los accidentes cardíacos y cerebro-vasculares, la violencia doméstica y callejera, entre otros factores) pueden tomarse como signo de insatisfacción, estrés, frustración ante la imposibilidad de acceder a los medios materiales y simbólicos para cumplir con las metas sociales hegemónicas, asunción que implicaría una crítica radical de toda la organización social.


En ambos casos, los funcionarios de gobierno que gestionan las agencias estatales que se encargan de los asuntos correspondientes, se ven ante un conflicto de valores y lo resuelven a través de la realización de uno de los valores y la simulación de la realización del otro. Por un lado, deben responder a la demanda empresarial de sostener los márgenes de lucro, y esto es central cuando la estrategia del Estado es favorecer el crecimiento económico constante; cualquier posibilidad de ataque a los márgenes de ganancia de las empresas, sobre todo las grandes corporaciones capitalistas, es respondida con amenazas de despido de trabajadores, retiro de inversiones y otras medidas que afectan directamente la legitimidad de logro de los gobiernos. También hay que recordar que suelen ser las empresas las que financian tanto a los partidos políticos de derecha como a los de izquierda, lo cual coloca el cálculo financiero del partido que esté en el gobierno, cualquiera sea su signo, como prioridad en la toma de decisiones. Por otro lado, deben responder a la demanda de la población, que sufre directamente las consecuencias de los problemas sociales y busca protección para su salud y su vida; en este caso, los gobiernos tienden a tomar medidas cosméticas, típicas del "Estado teatral", para no afectar los intereses de las grandes empresas a la vez que se genera en la población la sensación de "estar haciendo algo".


Una lección de esta década de gobiernos progresistas, es que es imposible borrar con la acción teatral del Estado, la conflictividad real que subyace al campo social. Es decir: la política democrática debería constituirse en el espacio de gestión y resolución pacífica de los conflictos entre las distintas fuerzas sociales, no en el espacio de la simulación de un consenso que no es real, y que cuando se cree o se finge que es real, se convierte en una trampa para los más débiles, ya que la "conciliación de clases", en casi todos los casos implica que los intereses de los más débiles se vean eternamente postergados. Esto lo saben las elites tecnocráticas del progresismo, casi todas formadas en las teorías del conflicto de clases. Algunos de sus integrantes tienen una postura honesta, y creen en la gestión del capitalismo, en su "doma" o humanización, en la consecución gradual y progresiva de logros para las grandes mayorías de la población. Otros simplemente aspiran a gestionar los intereses empresariales desde el Estado pero desarrollando su "mano izquierda", a sabiendas que no se está haciendo más que fingir soluciones o en el mejor de los casos tapar las goteras. Otros, finalmente, han utilizado a los partidos de izquierda para acceder a mayores cuotas personales de poder, a salarios de miles de dólares americanos mensuales y han utilizado la institucionalidad y los discursos de la izquierda como un trampolín para su éxito egoísta. Pero más allá de los gobiernos de derecha o izquierda, de la honestidad o falsedad de sus integrantes, de sus intentos por teatralizar la realización de los intereses de la población, cuando esto último se hace norma, cuando se impone el "Estado teatral", los conflictos igual aparecen, en su variante más primaria, de la mano de las personas que sufren directamente las consecuencias del poder corporativo, que logran organizarse para llevar adelante sus demandas. Quizás esté junto a ellos la única posibilidad, incipiente, débil, remota, de alguna vía para un cambio social que modifique esta situación de aparente fin de la historia, en la cual sólo los intereses empresariales y especialmente los intereses de las grandes corporaciones capitalistas son tenidos como lo real, no hay otro plan que sostener el crecimiento económico a toda costa y no hay otro deseo que el de consumir.