PROMISED LAND, CONFLICTOS ECOLÓGICOS Y EL CONTROL DE LOS DOS BANDOS

14.03.2015 12:14

/Por Andrés Núñez Leites/


Greenpeace entrenando *


Eventualmente todos podemos ser cretinos útiles en algún conflicto, es decir, actuar en un sentido que creemos justo, pero con tal torpeza y escasez de miras que nuestras acciones sean funcionales a nuestros oponentes. El problema es cuando los conflictos ofrecen estructuras similares y la torpeza aparece de modo repetido. Ahí podemos sospechar una complicidad con el otro bando, infiltraciones y controles políticos invisibles para los ingenuos.


La película Promised Land [1] peca de idealista ingenua cuando el encargado de convencer a una pequeña población rural estadounidense para que apruebe en sus tierras la explotación de gas natural por el peligroso y contaminante método de la fractura hidráulica o /fracking/ -al entender que tanto él como su antagonista, el líder de una ONG ecologista, en realidad trabajan para la misma empresa minera, que se ha encargado de cubrir los dos bandos en el conflicto- se suma a los intereses de la población rural y cuestiona su propia misión, la moralidad de la mega-empresa y la conveniencia de arriesgar todo lo que se tiene por el porcentaje que los pequeños propietarios rurales obtendrían de la minería. Desde el punto de vista cinematográfico, es un momento emocionante, y sigue el estereotipo tan efectivo del héroe liberal solitario que, tras un rapto de conciencia, enfrenta a un monstruo y al menos por un momento logra paralizarlo. Desde el punto de vista de un análisis de conflictos reales, es improbable, aunque no imposible, y no sé si se registran casos de este tipo de conversión religiosa: de promotor de una empresa minera a activista ecologista. Lo que sí se registra de modo abundante, es la otra incidencia que recién señalé: la de la corporación minera poderosa que compra a todos, incluso a los ecologistas, o los infiltra, o los hace desviar el rumbo y serles útiles para sus fines.


Es ya parte del modus operandi de las grandes empresas investigar (a través de falsos periodistas y blogueros, turistas, etc.) el espacio social donde se piensa realizar una actividad potencialmente conflictiva por sus implicaciones en términos de contaminación y/o afectación de otras actividades económicas y espacios sociales. Se trata de detectar a los oponentes y desarrollar estrategias de neutralización. Las mismas pueden llegar eventualmente a la financiación de grupos armados y asesinatos (piénsese en los asesinatos de líderes indígenas y campesinos que resisten a la minería en Latinoamérica, o en los bandos armados en Congo en torno a las minas), pero en la mayoría de los casos la sangre no llega al río y de lo que se trata es de realizar alguna de una serie de acciones que pueden ir desde ignorar a los opositores al proyecto, cuando su ascendencia sobre la población es mínima, pasando por financiarlos a través de mecanismos de cooperación, cuando sus líderes son corruptibles, infiltrarlos y hacerles torcer el rumbo, dividirlos, dándole el carácter de interlocutores válidos sólo a los más moderados y funcionales, entre otras. En cualquier caso, de lo que se trata es de producir una oposición funcional.


Vuelvo a Promised Land: una vez que el activista ecologista, funcionario de una ONG ficticia, logra convencer a buena parte de la población acerca del peligro del /fracking/, se filtra un documento en el que se prueba que los datos que había manejado ante la población eran falsos, fraguados por él mismo. Él y su causa caen en desgracia y se abre el camino para el triunfo de la empresa minera, que consolida así su imagen de honestidad frente a la población. El error en el momento justo, forma parte de una estructura narrativa, en la cual el falso héroe se devela como el villano que realmente es, mostrando su esencia maligna; de pronto sus verdades se transparentan como meros sofismas manipulatorios. La historia de estos "errores" en conflictos ambientales y políticos en general, es larga como la historia misma y excepto para los observadores más cercanos temporal y físicamente a los actores, ante la ausencia de documentos, es muy difícil discernir si dichos errores deben llevar comillas o no, es decir, si se trata, como en Promised Land, de una traición planificada, de un caso de manipulación de la causa ecologista por parte de la empresa minera, o de un error genuino que puede cometer cualquier ser humano o grupo de humanos en acción.


Pongamos un ejemplo. En 2006 el nóvel gobierno de la izquierda uruguaya estaba logrando con éxito la conversión de su discurso desde el anti-neoliberalismo estatista, heredero de pasadas glorias de la época del "Estado de bienestar" y la "sustitución de importaciones", a una nueva versión del neoliberalismo que no aceptaba el rótulo pero que en los hechos consistía en una tercera vía: neoliberalismo + políticas sociales focalizadas en los sectores más pobres. Parte de ese nuevo guión neoliberal, escrito en jerga izquierdista para neutralizar posibles disidencias internas (algunas hubo...) pasaba por la conversión del Estado en agente promotor de las empresas trasnacionales, en garante de sus inversiones y asegurador de la estabilidad jurídica necesaria, junto a prebendas tales como exoneraciones de impuestos, aprobación expeditiva de autorizaciones ambientales, y otras medidas cuasi coloniales. Nacía lo que Viana denomina "Estado contratado", un Estado promotor y protector de capitales trasnacionales dedicados a la extracción de bienes primarios de nuestro suelo. Si bien la mayoría de la población y especialmente la población identificada con la izquierda no tuvo mayor problema en aceptar el viraje neoliberal -ténganse en cuenta además la eficaz labor cultural cumplida por la derecha neoliberal en los 1990s, convirtiendo en sentido común todo lo concerniente a los privilegios de la oferta, el "equilibrio macroeconómico", el control del gasto estatal, etc.-, pero a pesar de la maquinaria propagandista estatal y del control de los sindicatos más poderosos y la mayoría de los medios de comunicación, subsistía cierto grado de resistencia, dentro de Uruguay, contra la emblemática Botnia. Se trataba de una empresa trasnacional productora de celulosa, que estaba instalando, desde la época del último gobierno neliberal de derecha, una mega-planta (la mayor del mundo) en Fray Bentos. Al principio fueron militantes del Frente Amplio quienes se movilizaron en contra, pero cuando su partido ganó las elecciones nacionales y se volcó en defensa del proyecto extractivo, sólo quedaron algunos militantes locales de la izquierda no gobernante, algunos vecinos sensibilizados por el tema y algunos activistas ecologistas. El grueso de la oposición a la planta de celulosa de Botnia estuvo del lado argentino, donde los vecinos de Gualeguaychú mantuvieron durante largos meses un bloqueo de la ruta de acceso a Uruguay, como forma de protesta.


El bloqueo de los vecinos argentinos permitió que el gobierno uruguayo afirmara la codificación que le era más útil discursivamente: "es una lucha entre ellos y nosotros, entre los intereses argentinos y los uruguayos." Pero aún así pocas cosas fueron tan dañinas para la posición ecologista tanto argentina como uruguaya, pero sobre todo para la uruguaya, como la acción de Greenpeace. Ya el punto de partida práctico de la mega-ONG era cuestionable: en lugar de criticar el modelo económico y de producción detrás de las plantas de celulosa, que implica la plantación masiva de pinos y eucaliptus en tierras fértiles, el desplazamiento de la producción agrícola tradicional y la población local, la extranjerización de la tierra, la grave contaminación de suelos y aguas, proponía dar por hecho la existencia de las plantas de celulosa pero reclamarles una mejor tecnología, menos contaminante. Aún así, era una posición pensable como mal menor, hasta que se unió a una acción que fue un verdadero descalabro semiótico para los opositores a la planta de celulosa de Botnia: una intervención con helicóptero y gomones organizada desde el lado argentino, para bloquear simbólicamente el puerto de Botnia. Inmediatamente se consolidó como nunca la interpretación más negativa para los ecologistas, que se resumió en la palabra "invasión." Se trataba de una violación de la soberanía uruguaya. No se trató de una medida coordinada con los grupos ecologistas ni izquierdistas uruguayos, y aparentemente tampoco tuvo participación la población movilizada en Gualeguaychú. Se trataba de una acción espectacular, cinematográfica, característica de Greenpeace, cuyo plan fue ordenado jerárquicamente por las autoridades regionales de la ONG. Es difícil creer que todos excepto Greenpeace pudieran ver que el efecto sería simbólicamente muy negativo para quienes se oponían a Botnia. Pudo ser un error. Pudo ser otra cosa.


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