VIOLENCIA CONTRA MAESTROS: MEDIACIÓN Y RESIGNACIÓN

03.08.2014 11:49

Por Andrés Núñez Leites

La respuesta sindical a las agresiones físicas de padres y madres de alumnos de escuelas públicas a los maestros de sus hijos ha sido el paro de actividades. La finalidad de esta medida, resistida por la dirección sindical en Montevideo -que debió aceptarla luego que así le fuera exigido por una asamblea multitudinaria de maestros- y directamente bloqueada por el sindicato a nivel nacional (FUM) busca promover la reflexión en la población, llamar la atención del gobierno y colocar el tema en la agenda pública. Entre los maestros hay una absoluta conciencia de los límites de la medida, que de extenderse en el tiempo -y todo indica que la violencia se ha estabilizado en un ritmo quincenal- pierde efecto sobre la opinión pública y genera problemas de funcionamiento a las familias, que en lugar de solidarizarse con los docentes tenderán a oponérseles, sobre todo teniendo en cuenta el discurso explícito de varios medios de comunicación masiva que han hecho constantemente hincapié en las horas de clase perdidas por los paros, además del hecho que los niños que almuerzan en el comedor escolar pierden esa posibilidad los días de paro. Entonces hay que pensar otras medidas contra la violencia, y hay muchas posibles, incluyendo el paro local o zonal, las movilizaciones en espacios públicos y otras que habitualmente ha tomado el sindicato, como hacerse presente en la escuela donde fue agredido un maestro, acompañarlo en las instancias judiciales. Pero lo que no deberían hacer los docentes, por las consecuencias peligrosas que ello tendría, es naturalizar la violencia, integrarla a lo cotidiano.

 

Esa parece que es la estrategia implícitamente asumida por el gobierno y el sindicato de maestros a nivel nacional: promover la mediación de ANEP entre la escuela y la madre o el padre agresor, el pedido de disculpas, la "reconstrucción del vínculo".

 

Nadie dice que sean medidas inútiles, pero sí que tienen por lo menos dos aspectos problemáticos: en primer lugar, dan por inevitable la violencia. Técnicos asesores en seguridad del gobierno y autoridades de la enseñanza se han apurado a decir que son fenómenos difíciles de evitar. Estrictamente es cierto: este razonamiento es extensible a cualquier delito y habla de la limitación propia de las respuestas represivas. Nadie puede evitar los asesinatos, por ejemplo, pero eso no quiere decir que hay que despenalizarlos o resignarse a que ocurran sin tomar medidas que reduzcan su posibilidad. En el caso que tratamos, el agravamiento de penas cuando la persona agredida sea un funcionario docente, puede actuar como disuación, aunque sea en un pequeño margen. 

 

En segundo lugar, ponen en un plano equivalente al agresor y a la víctima: si bien es verdad que la escuela y los maestros pueden ejercer ciertos grados de violencia contra padres y niños (sobre todo violencia psicológica y verbal), la sociedad establece algunos límites, algunas líneas rojas que no pueden pasarse. Una de ellas es el empleo de la violencia física, y otra es la justicia por mano propia. Es como si a una mujer golpeada por su pareja, le dijésemos que confíe en la mediación, que ella también tiene parte de la culpa por haber sido agresiva verbal o psicológicamente, que acepte las disculpas, que no es evitable que su hombre la golpee -porque el Estado no quiere, por lo pronto, poner una cámara en cada casa, y aún así actuaría siempre ex-post facto- y que debería buscar el diálogo como forma de solución. El diálogo siempre es posible pero enmarcado por algunos límites. Es verdad que una persona golpeada por su pareja pudo haber ejercido algún grado de violencia psicológica o verbal contra ésta, pero aún así, la sociedad traza una línea roja: no se puede tirar del pelo, pegar puñetazos en la cabeza o patear en el suelo a la pareja de uno para ajusticiarla por una violencia verbal o psicológica previa, descargar la frustración o porque no se encuentran palabras adecuadas para ganar una discusión. Ésto no quiere decir que se acepte o promueva la violencia verbal o psicológica -como ha sido lo que han proclamado las madres que han golpeado a maestras cuando han obtenido largos minutos de televisión para expresar los motivos de su acción violenta-, sino que aún si se registra esa violencia, la respuesta no puede ser la violencia física, sino en todo caso la queja y la denuncia formal.

 

Técnicos asesores del Ministerio del Interior y autoridades de ANEP han intentado negar lo que se ha manejado como "pérdida de códigos" por parte de algunas familias, cuando muchas evidencias apuntan en ese sentido. Más que "pérdida de códigos" habría que decir "ausencia de capacidad de mediación simbólica": la respuesta violenta inmediata, el golpe que intenta restituir el status del que golpea y rebajar el status del golpeado, es decir, el golpe que intenta "poner las cosas en su lugar", que busca poner límites, marcar "respeto" para uno y para sus hijos, es una respuesta violenta de una cultura violenta. Si bien la agresividad en nuestro entorno social no es patrimonio exclusivo de las clases más pobres -vea si no el lector cómo se manejan los vehículos en el centro de Montevideo a las 17:00 de un día de semana, para tener un indicador del carácter policlasista de la agresividad- y responde a un malestar social extendido, característico de esta etapa de la historia -y con razones muy complejas, como la tensión de la satisfacción subjetiva únicamente vía consumo de mercancías, la inestabilidad de los proyectos vitales por la inestabilidad funcional de la estructura económica, la ausencia de meta-relatos trascendentes, la aceleración de la comunicación y la producción, etc.- son las personas que viven en contextos sociales más deprivados material y culturalmente las que tienen menos capacidad para controlar sus impulsos y en todo caso vehiculizar su agresividad verbalmente a través de la elaboración de argumentos. Vengo de trabajar dos años en uno de los peores "cantegriles" del Uruguay, y allí, junto a las prácticas de buena vecindad, solidaridad y asociatividad, lamentablemente prevalecen prácticas similares a las de la "cultura carcelaria" y en última instancia la capacidad de ejercer la violencia física para poner límites a las ambiciones ajenas, es la única garantía de "respeto".

 

La violencia contra los maestros está deteriorando significativamente la condición docente, por lo menos en Montevideo, donde se han registrado más casos. La profesión se vuelve crecientemente "inhabitable". La respuesta no puede ser la naturalización de la violencia.