EL REINO DE LA ARBITRARIEDAD (APUNTES SOBRE LA LEY DE FALTAS)

02.01.2014 19:28

/Por Andrés Núñez Leites/


/[Sentenciando, en el lugar del crimen y en el momento en que éste ocurre, al imputado Negro Señor de la Guerra//]/

*EL JUEZ:* Código Municipal de Mega Ciudad, 213: Destrucción intencional de la propiedad, 2 años. Código 310 Posesión ilegal de armas de asalto, 5 años. Código 457: Resistencia al arresto, 20 años.

/[Uno de los ocupantes ilegales de una propiedad salta y le dispara a El Juez, pero su asistente Hershey logra disparar primero y matarlo]/

*EL JUEZ:* Gracias, Hershey. Y código 3613: Intento de homicidio de un Juez de Calle.

*NEGRO SEÑOR DE LA GUERRA:* Déjame adivinar: cadena perpetua.

/[Va por su arma, pero El Juez dispara primero y lo mata]/

*EL JUEZ:* Pena de muerte. La corte entra en receso.

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/Judge Dredd (El Juez) (1995), Dir. Danny Cannon, Starr. Sylvester Stallone/

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La nueva Ley de Faltas aprobada en Uruguay parece desconocer por lo menos dos principios formales de la convivencia republicana y democrática: la universalidad de las normas y el derecho a un juicio justo.


Uno de sus aspectos más cuestionables es la absoluta discrecionalidad que deja los policías y jueces, en un caso para detener y en el otro para juzgar. Por ejemplo: ¿qué conductas específicas constituyen "provocación o participación en desorden en un espectáculo público" (Art.1,N.1º), si precisamente se habla de un "desorden" no especificado, que a su vez "no constituyere riña u otro delito"; ¿gritar?, ¿insultar?, ¿cantar una canción que no es del agrado de otros? Lo mismo ocurre en la determinación del "abuso de alcohol o estupefacientes" (Art.3,N.1º); más allá de la acientificidad del término "estupefacientes" como sinónimo de droga psicoactiva (las hay también excitantes, somníferas, etc.) ¿quién y bajo qué parámetros determina que alguien presenta "un estado de grave alteración psíquica o física producida por alcohol o estupefacientes"?, ¿a partir de qué indicadores objetivables?, ¿pueden quedar dichos indicadores a la merced de una decisión administrativa o judicial posterior (de la policía local, del juez local)? En este último caso, además, se está penalizando directamente el consumo de drogas (o mejor dicho, la apariencia de haber consumido drogas), porque no se refiere a una conducta dañina hacia los demás sino a un estado psíquico o físico de la persona perseguida por el Estado. Otro ejemplo lo constituye el "disparo de armas de fuego y de petardos en poblado": ¿a partir de qué circunstancias específicas dichas conductas causan "peligro o alarma"? Ésto queda librado a la policía y al juez, no a una norma que pre-exista, al menos universalmente, porque de lo que se trata luego, inevitablemente, es de recurrir a las normas del "sentido común", que están lejos de ser universales (son diferentes por clase social, nivel educativo, zona geográfica); se sustituye la relativa estabilidad de la norma jurídica por la arbitrariedad del sentido común de vecinos, policías y jueces.


Un detalle que también llama la atención es el referido a la excreción humana en espacios públicos (Art.13.N.2º). Cualquiera que viva en Montevideo y especialmente en la zona Centro, Cordón o Ciudad Vieja, sabe que los contenedores municipales de basura se han vuelto baños públicos, junto a los cuales la población más pobre (cuidacoches, recolectores de residuos, etc.) defeca y orina. Pero al mismo tiempo los gobiernos departamentales no proveen ni siquiera mínimamente suficientes baños públicos y gratuitos, y de hecho la legislación departamental habilita a los dueños de comercios a negarle el uso del baño a los ciudadanos que no sean sus clientes, lo cual excluye inmediatamente a la población más pobre. Se prohíbe una conducta pero no se proveen los medios para sustituirla por otra más saludable en términos de higiene pública.


Luego están los aspectos procedimentales en el plano judicial. Aquí se incurre en la construcción de un sistema punitivo sumamente expeditivo sin suficientes garantías para los imputados. Puede pensarse que las sanciones que se establecen son leves (hasta 30 días de trabajo comunitario 2 horas al día) pero sobre todo en las ciudades del interior y en los pequeños poblados, el daño causado por la vergüenza pública que se impone a los condenados tiene un costo social muy significativo, pudiendo costarles la pérdida del empleo si lo tuviesen y el desproporcionado rechazo popular, ya que se trata de penas que se cumplen en espacios públicos, a la vista de todos. En términos generales, la estigmatización de una minoría implica directa o indirectamente una reducción de sus posibilidades materiales y simbólicas de supervivencia. Algo insólito es que las sentencias de los jueces de falta no son apelables: la defensa puede interponer un recurso de reposición (Arts. 20 y 22) pero dicho recurso lo resuelve el propio juez, con lo cual las posibilidades de que el mismo se desdiga o dé marcha atrás, máxime en estos casos de juicios expeditivos en los cuales prácticamente todo se resuelve en una única audiencia, son bajísimas o nulas.


Hay tres elementos cuya importancia política no debe desdeñarse. Primero, que con esta ley ya aprobada y otras que están en discusión (como el sometimiento técnico y virtualmente político de los fiscales a través de la creación de la Fiscalía Nacional, y la ley de internación compulsiva de adictos) se corre el riesgo de avanzar hacia un estado policial parcial que a la vez que encubre y protege a los delincuentes de cuello blanco vinculados al gobierno de turno (por el control de los fiscales), concentra su poder punitivo en las personas más pobres. Segundo, sobre todo en el capítulo referido al consumo de drogas psicoactivas, se consolida una tendencia potencialmente nefasta para las libertades individuales: la judicialización de la "peligrosidad"; en lugar de sancionar actos delictivos, el Estado da un paso adelante y sanciona la peligrosidad de algunas personas, inevitablemente dada por su perfil social, en la medida que, tanto en el caso de la ley de internación compulsiva de adictos como en la de faltas, se apunta a un sector social específico, el de los más pobres (en un discurso político explícito y sin pudor). Tercero, que tanto la Ley de Faltas, como las otras dos mencionadas, pueden articularse con relativa facilidad para la persecución judicial de las minorías políticas, en tanto proveen al Estado de excusas para la detención y el castigo por una multiplicidad amorfa de conductas cuya tipificación descansa casi por entero en el arbitrio de los funcionarios estatales.


Pensando específicamente en la Ley de Faltas, se diría que la biopolítica, el higienismo y el disciplinamiento de los pobres brillan aquí en su discreto esplendor, como contrapeso a las libertades individuales y para combatir los males de la pobreza sin tocar una sola de sus causas político-económicas, siendo este último factor el que nos hace pensar que la eficacia de aquella no se medirá tanto por su capacidad de modificación de conductas como por las simpatías electorales que despierte entre quienes por tener trabajo estable y una remuneración suficiente, creen que la mano derecha del Estado nunca va a tocarlos.


*Notas:*

[1] "Ley 19.120 - FALTAS Y CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS" URL: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19120&Anchor=

[2] La imagen es tomada de http://www.flickr.com/photos/eldave/6169431454/ y se encuentra bajo una licencia Creative Commons: Some rights reserved <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/> by ElDave <http://www.flickr.com/photos/eldave/>